El Salvador ha aprobado una nueva legislación que busca fomentar la inversión en desarrollos inmobiliarios de gran altura mediante incentivos fiscales. La Asamblea Legislativa aprobó el decreto denominado "Disposiciones especiales para la promoción y el otorgamiento de incentivo fiscal para el fomento del desarrollo de proyectos inmobiliarios en altura" con 57 votos a favor.
El decreto otorga una exención del Impuesto sobre la Renta por un período de 15 años a las ganancias obtenidas por los propietarios de construcciones de 35 niveles o más. Esta exención aplicará a:
La primera compraventa de inmuebles de altura.
El alquiler de estos inmuebles con fines turísticos, comerciales o de servicios.
El alquiler de espacios o servicios de hostelería.
La prestación de servicios de construcción en estos proyectos.
Para acceder a estos beneficios, los inversionistas deberán presentar su solicitud a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda antes del inicio de las obras.
Durante la sesión en la que se aprobó la medida, el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, destacó que se proyecta una inversión de aproximadamente 7.800 millones de dólares en distintos proyectos dentro del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en zonas de La Libertad Costa y La Libertad Este.
Actualmente, el desarrollo inmobiliario en El Salvador se concentra en áreas con mayor infraestructura y disponibilidad de espacios horizontales. Sin embargo, con estos incentivos fiscales se espera fomentar el crecimiento vertical en municipios como San Martín, Soyapango y Apopa, ofreciendo nuevas oportunidades para la expansión urbana.
El decreto fue aprobado sin incluir propuestas de la oposición, que buscaban condicionar la exención fiscal a la construcción de viviendas de interés social. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, propuso un artículo que exigiera a los inversionistas construir tres viviendas de bajo costo por cada apartamento vendido con un precio superior a 200.000 dólares.
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, sugirió una exención fiscal para proyectos habitacionales con precios entre 50.000 y 150.000 dólares, argumentando que la ley favorece a los grandes capitales en lugar de atender la necesidad de vivienda asequible. Ambas propuestas fueron rechazadas.
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), la construcción representa el 12.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador y genera más de 200.000 empleos directos, lo que equivale al 8 % de la fuerza laboral del país. Con esta nueva normativa, el gobierno busca dinamizar aún más este sector y atraer inversiones extranjeras para el desarrollo de infraestructura vertical.
La aprobación de esta ley marca un nuevo enfoque en la planificación urbana de El Salvador, incentivando la construcción en altura como una estrategia de desarrollo. No obstante, el debate sobre la accesibilidad a la vivienda sigue abierto, y será clave observar cómo evolucionan los proyectos incentivados y si realmente contribuyen a mejorar el acceso a la vivienda en el país.